A un año de la nueva ley de riesgos del trabajo, la presidenta de la Unión de ART advierte que no cede la litigiosidad
Por Silvia Stang | LA NACION
Poco más de un año lleva vigente la reforma de la ley de riesgos del trabajo, que se propuso dejar el sistema alineado con la palabra de la Corte Suprema, que en 2004 había cuestionado varios aspectos de la norma en vigor desde mediados de los 90. Ese tiempo alcanzó para que se redujera la cantidad de juicios de empleados accidentados contra sus empresas, pero no fue suficiente para aliviar la elevada litigiosidad contra las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), que cerrarán el año con casi 24% más de demandas que las que tuvieron en 2012. En comparación con 2003, la cantidad anual de litigios -80.000- se multiplicó por 27.
«La clave de cómo va a seguir esto estará en las decisiones que se tomen a nivel judicial; uno espera que la Justicia tome en consideración los instrumentos que aporta la reforma y los convalide», afirma Mara Bettiol, presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
Un aspecto central de la ley votada en octubre de 2012 es la modificación del artículo que en la ley original había pretendido impedir que un trabajador cubierto por una ART y afectado por un accidente o enfermedad laboral, llevara a juicio a su empleador. La reforma determinó una mejora significativa de las prestaciones en dinero que reciben de la aseguradora quienes quedan con algún grado de incapacidad, y dispuso que el damnificado debe hacer una opción excluyente: o cobra por la vía del trámite administrativo la indemnización prevista en la ley o va a juicio. Esa alternativa era la defendida por el sector empresario, mientras que desde el sindicalismo se avalaba la continuidad de lo que en la práctica había quedado habilitado por una sentencia de la Corte: la superposición de ambas formas de buscar una compensación en dinero.
Un relevamiento hecho a mediados de año por la UART mostró que, en 5000 casos, sólo en tres se optó por litigar en vez de aceptar el pago.
-¿Cómo evalúa los resultados de la reforma legal del sistema?
-Como principal cuestión positiva está el fortalecimiento del sistema a nivel de servicios y cobertura. Hoy se cubre a más de 9 millones de trabajadores y los indicadores de servicios muestran una muy buena evolución. El índice de fallecidos en el lugar de trabajo cayó 20% en el último año y 60% desde el inicio del sistema, lo que permitió evitar 6000 muertes. Por la reforma, aumentaron los pisos de las prestaciones y las sumas fijas en pesos un 165% [se sigue, partiendo de 2010, la evolución del Ripte, un índice de salarios informado por el Ministerio de Trabajo], mientras que otra parte de las indemnizaciones se actualizan por la evolución de los salarios. Hay también una mayor celeridad e integralidad en las prestaciones.
-¿Qué pasó con el nivel de litigiosidad contra empresas y ART?
-Hubo un comportamiento dual. Por un lado, prácticamente cesaron las demandas civiles contra el empleador, y ahí se cumplió uno de los objetivos de la reforma. Pero las demandas hacia las ART se vieron incrementadas en un 23,5% respecto de 2012 y este año se iniciaron unas 80.000, cuando en 2003 habían sido 3000. Es decir que los trabajadores optan por el sistema tarifado de la ley en lugar del reclamo civil al empleador, pero después se presentan discrepancias, que mayoritariamente tienen que ver con el porcentaje de incapacidad y en menor medida, con interpretaciones de la aplicación de la norma. La reforma prevé que el baremo [una tabla de evaluación de incapacidades] y el listado de enfermedades cubiertas formen parte inescindible de la ley y sean de aplicación obligatoria para dirimir controversias en cualquier instancia, administrativa y judicial.
-¿De qué manera cree que se frena esa judicialidad?
-Hay razones para los juicios que por ahí son temporarias, como los pedidos de aplicación de la ley nueva en forma retroactiva, o reclamos por cuestiones pendientes de reglamentación. La clave de cómo va a seguir esto estará en las decisiones que se tomen a nivel judicial; tenemos que esperar a que madure todo un poco. Esperamos que, en la medida en que la Justicia unifique criterios, valore los aportes de la reforma y tome los parámetros del baremo, se dé como primer efecto que los trabajadores sean tratados de igual manera, más allá de la jurisdicción en la que le toque dirimir la controversia [algo que hoy no ocurre a causa de los diferentes criterios judiciales]. Además, va a ser más rápida la resolución del conflicto y se le dará estabilidad al sistema. La reforma refleja la síntesis de los mejores instrumentos posibles que había para dar respuesta a los cuestionamientos judiciales al sistema. Se generaron instrumentos muy concretos que tienen que ver con la opción del trabajador, el aumento de las prestaciones y su actualización periódica, el pago en 15 días, la eliminación de pago en rentas y la incorporación de listado de enfermedades en el cuerpo de la ley.
-¿Hay muchos reclamos para que se apliquen los nuevos montos indemnizatorios a quienes se accidentaron antes de la ley?
-Uno ve por lo que comentan las compañías que se cuestionan los alcances de la ley. Aún es temprano para evaluar cuántos de esos reclamos hay, porque el plazo de prescripción para litigar es de dos años.
-¿Qué aspectos quedan pendientes de reglamentación?
-Cuestiones que tienen que ver con procedimientos ante una discrepancia en la comisión médica, y la incorporación de nuevas enfermedades a ser tratadas por el sistema. Esto último está en trámite, pero es importante que se sepa que una persona con una enfermedad no listada puede hacer el reclamo: primero debe ir a la ART y, ante el rechazo, a la comisión médica. Si aquí se concluye que hay origen laboral en la dolencia, se habilita la cobertura, que dará la aseguradora y que se financiará con un fondo que existe para este fin.
-¿Qué está pasando con los niveles de solvencia de las ART?
-La judicialidad los va socavando. Por la nueva ley, el costo de los aumentos de las prestaciones se estimó en 19,7%, pero a precios se trasladó un 13 por ciento. El último balance anual da para el sistema una pérdida de casi seis puntos de la prima, que se compensa con resultados financieros, pero no es algo sostenible en el tiempo.
Profesión: economista
Cargo: presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
Edad: 43 años
Ocupó durante 13 años la gerencia general de la institución que preside desde agosto pasado; antes había hecho tareas tanto en el sector público como privado.
Servicio doméstico, un desafío aún por delante
Por ley, las familias deberán contratar una cobertura, pero no hay regulación
-¿Cómo va a ser la cobertura para el personal de servicio doméstico que fue dispuesta por ley? ¿Qué costo tendrá?
-No hay reglamentación todavía; se está trabajando en el tema. El sistema está hecho para empleadores con determinada masa crítica, así que en función de las adaptaciones que se hagan se va a determinar el servicio y el costo de la cobertura. Por ahora no tenemos nada de números, sí sabemos que es una preocupación y la prioridad pasa por la registración del personal. Eso va a determinar la cantidad de personas asegurables y se verá la forma de dar la mejor cobertura sin que se altere la integralidad de las prestaciones.
-¿Cómo evolucionó el índice general de accidentados?
-Hubo una caída, que no es tan fuerte como cuando se considera el índice de fallecidos, algo que tiene que ver con que al inicio del sistema no se denunciaban todos los casos. Entre 2011 y 2012, la caída fue de 11 puntos y casi todas las actividades vieron reducido el índice en el primer semestre de este año. Hay mayor conciencia en cuestiones de prevención y a eso ayuda el hecho de que los precios se fijen en función del riesgo del empleador.
-La ley fijó que no pueden diferenciarse precios según el tamaño de la empresa cliente, ¿cómo se adapta el sistema?
-La ley establece que habrá una nueva reglamentación sobre el tema, que todavía no salió, pero se fue acortando la brecha de precios entre empresas grandes y chicas.
-¿Cómo está funcionando el centro de rehabilitación laboral que inauguró la UART?
-Pasan por año 1800 trabajadores y dos tercios se reinsertan laboralmente. Son personas con alguna incapacidad permanente que no les permite volver al mismo puesto de trabajo. Al que no se reinserta se le da un menú de opciones para ver qué actividad puede desarrollar.
(*): Atento el interés general del tema, reproducimos en forma completa la nota de la colega Silvia Stang en la edición de La Nación Económica, del domingo 22 de diciembre de 2013.