Superintendente de Riesgos del Trabajo
Entrevistamos al Superintendente de Riesgos del Trabajo. Juan Horacio González Gaviola, quien nos habló en primicia de las nuevas denuncias penales por fraude en perjuicio de aseguradoras de riesgos del trabajo que el Organismo ha efectuado en Córdoba y Mendoza. También habló de los cambios en la normativa y el candente tema de los accidentes in itinere, que vuelve a tomar notoriedad por la tragedia de Once.
TdS: Sr. Superintendente, queríamos conocer acerca de esta reciente denuncia que han presentado, por un nuevo caso de fraude en perjuicio de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo, nuevamente en la provincia de Córdoba.
JHGG: Sí, en realidad nosotros estamos empezando a utilizar el Registro de Acciones Judiciales que oportunamente dispusiera esta Superintendencia y están apareciendo señales de alarma en varios lugares. El día miércoles hemos presentado en forma simultánea denuncias, tanto en la provincia de Córdoba como en la provincia de Mendoza.
Estas denuncias siguen el mismo patrón de las que ya habíamos observado, en Córdoba y en Mendoza, en donde vemos que un número muy importante de trabajadores presentan denuncias por la presunta existencia de enfermedades, en muchos casos enfermedades no listadas, y en muchos casos con diagnósticos que se repiten, independientemente del puesto de trabajo, independientemente de la antigüedad en la empresa, y lo que nosotros hemos hecho es ponernos en contacto con los empleadores y a partir del deber que tiene el trabajador de obedecer al empleador en realizarse los estudios médicos correspondientes, proceder a revisarlos por médicos de las comisiones médicas y en la inmensa mayoría de los casos hemos visto que los certificados médicos en los que está basada la denuncia y el examen de nuestros médicos difieren notablemente.
En otras palabras, la inmensa mayoría de los casos directamente no existe patología. Por ejemplo, síndrome del túnel carpiano, que tiene muchos elementos para objetivar que eso exista; vemos que no existe o son diagnósticos genéricos que no están apoyados en ninguna base de medicina basada en evidencia.
Esto ha sido en la provincia de Córdoba, en empleados del gobierno de la provincia, porque lo que estamos viendo además es que hoy hay una tendencia de las aseguradoras a no querer asegurar Organismos Públicos, porque en el seno de los mismos se generan estos altísimos niveles de litigiosidad; el estado tiene mecanismos de defensa mucho más burocráticos, mucho más laxos, y hacen una acumulación de juicios. Acá por un lado se piensa que cuando nosotros hacemos una denuncia como esta estamos defendiendo a la ART y la ART se defiende sola cuando le meten estos juicios. Nosotros estamos más preocupados con la facilidad con la que las ART pagan estos juicios, porque inmediatamente le trasladan ese costo a su cliente, que este caso son el gobierno provincial de Córdoba como el de Mendoza y en definitiva quien termina pagando esto son todos los contribuyentes.
Entonces nosotros estamos defendiendo un sistema productivo al cual hay que tratar de darle todas las prestaciones con el menor costo posible. El sistema de riesgos de trabajo está para pagar, pero para pagar cuando hay un accidente o una enfermedad. Cuando se inventan accidentes o enfermedades, eso ya toma otro cariz, este sistema no tiene que pagarlo y tiene que combatirlo. Por eso nosotros hemos hecho una unidad de control de fraude y de seguimiento de la litigiosidad del sistema.
En la provincia de Córdoba encontramos que sobre el gobierno provincial hay casi 1.500 juicios. En la provincia de Mendoza vimos que había una epidemia de enfermedades profesionales en el sistema penitenciario, muchas de estas con diagnóstico por profesionales no habilitados. Por ejemplo, para diagnosticar un síndrome de “Burn-out” que es un diagnóstico psiquiátrico, no puede hacerlo un psicólogo. Vemos además que cuando se hace este tipo de diagnósticos no se fundamenta, no hay un fundamento en qué está basado el diagnóstico. Entonces tanto en Córdoba como en Mendoza hemos hecho las presentaciones en la Justicia para que se investigue la posibilidad de fraude, para que se investigue la posibilidad de asociaciones ilícitas, porque en esto lo que a nosotros nos dice la gente cuando los vemos es que a ellos les hacen firmar un poder, por eso les pagan unos pesos, que les dicen que con esto no se va a perjudicar nadie y no saben que los están involucrando, incluso a los trabajadores, en la comisión de un delito de tipo penal.
TdS: Este tema que nos comentaba de Mendoza es una denuncia muy reciente
JHGG: Sí. En el día de ayer se han formulado las dos denuncias. Yo estuve en Córdoba el fin de semana pasado y anunciamos que íbamos a hacer esta denuncia -que se formalizó ayer- y en Mendoza en forma simultánea se va a hacer y próximamente, probablemente, radiquemos una denuncia de las mismas características en la provincia de Santa Fe que hoy encabeza el ranking de litigiosidad. Y cuando yo hablo de litigiosidad, no es que nosotros no pensemos que los trabajadores no tienen derecho a ir a la justicia, porque de hecho lo tienen y lo tienen producto de una ley que nació conceptualmente mal, que le negaba derechos al trabajador y que la Jurisprudencia y la Corte ha habilitado para que el trabajador que está realmente enfermo, que quedó con una incapacidad real permanente, sea debidamente remunerado. Si el sistema administrativo no le paga bien, que busque el complemento en el ámbito judicial.
Estamos trabajando también para que con la reforma de la ley, el trabajador no tenga que recurrir a la justicia en búsqueda de una reparación integral que contemple el daño moral, que hoy el sistema no lo contempla.
TdS: Ahora justamente lo llevamos a ese punto. A principios de año comenzó a circular un borrador respecto a un proyecto de modificación que puntualmente incorporaría un monto o un porcentaje para cubrir ese aspecto que hoy los trabajadores tratan de cobrar por la vía civil, como es el daño moral. ¿ Cómo está hoy ese borrador ?
JHGG: La responsabilidad de mandar un proyecto de ley no es ni de la Superintendencia ni del Ministro de Trabajo. Es de la Presidencia de la Nación; nosotros lo que vamos a hacer es aportarle ideas sobre cómo puede resolverse este tema, que la Presidenta en varias oportunidades ha requerido que se busquen respuestas para este problema. Por un lado nosotros estamos tratando de limitar la litigiosidad fraudulenta, que esto va a existir con cualquier ley y de hecho el año pasado, por primera vez, los juicios al sistema de riesgos de trabajo prácticamente no crecieron; venían creciendo entre un 30 y un 40 % interanual y el año pasado prácticamente terminaron en la misma cifra en el 2011 que en el 2010 y esto yo diría que es producto de dos cosas: por un lado se están empezando a sentir los efectos del decreto 2009, que mejoró sustancialmente las prestaciones dinerarias que el sistema da, que estaban congeladas en muchos casos, que tenían techo, que no tenían movilidad, y por otro lado estas acciones… se imaginan que si en una sola provincia hemos bajado 6.000 juicios, también está impactando esto en la caída de la litigiosidad.
De todas maneras esto hay que resolverlo mucho mejor y para eso sí vamos a necesitar una ley que resuelva los múltiples problemas de inconstitucionalidad que esta ley tiene.
TdS: Por último lo que ocurrió esta semana, el accidente en el Once que trae el tema del accidente in itínere, aspecto que muchas veces el empresario o el dueño de una PYME tiene sus reservas en cuanto a su responsabilidad en este tipo de casos. ¿Existe algún tratamiento sobre este tema?
JHGG: Lo mismo. Los temas que se van a habilitar dentro de la ley no los defino yo como Superintendente. Este sí es un tema de discusión, pero no podría en este momento adelantarles si existe una propuesta concreta, porque a esa propuesta concreta la única que le pone la firma es la Presidenta de la Nación.
Lo que sí es cierto es que en este momento estamos moviéndonos para que las ART sean responsables de dar las prestaciones necesarias en el desafortunado incidente que hemos tenido, en donde queremos que las personas que sufrieron ese accidente tengan la mejor cobertura médica y la más adecuada, porque esos trabajadores que están con cobertura tienen pagado por parte de sus empleadores que se les dé la mejor cobertura médica posible.
Fuente: Tiempo de Seguros, emisión del sábado 25 de febrero del 2012